El registro de abogados y gestores había sido implementado en 2014 para regular la representación de beneficiarios (Facebook)

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de desregulación al eliminar el “Registro de Abogados y Gestores Administrativos” que funcionaba en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue oficializada a través de la Resolución 982/2024, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros. El objetivo de la medida es simplificar los trámites previsionales y, según las autoridades, remover “barreras innecesarias” que obstaculizan a los ciudadanos.

La resolución derogó el registro que había sido creado por la gestión kirchnerista mediante la Resolución 479/2014, que establecía que los ciudadanos debían recurrir a abogados o gestores habilitados y registrados en ANSES para realizar trámites vinculados a prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De esta manera, se buscaba regular quiénes podían representar a los beneficiarios ante el organismo con el objetivo declarado de garantizar un marco de profesionalización en los procesos.

En el documento oficial, se detalló que la eliminación de este registro se alineó con las directrices del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que había declarado la emergencia pública en materia económica, financiera y administrativa. Este decreto había establecido un programa de desregulación con el fin de remover normativas que, según la visión del actual gobierno, impedían el “normal desarrollo” de las actividades económicas. La medida formó parte del proceso de transformación administrativa enmarcada en la Ley N° 27.742, también conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue uno de los principales impulsores de la derogación y expresó su postura en redes sociales. “Seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía,” escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Sturzenegger destacó que con la Resolución 982/24 se derogó el registro creado en 2014, el cual, en su opinión, había sido una medida que “restringía el derecho de la gente de tramitar su jubilación al obligarlos a contratar un abogado o gestor”.

El funcionario explicó que este tipo de restricciones eran vistas como una “cabina de peaje” que favorecía a ciertos sectores profesionales en detrimento de los jubilados. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos,” afirmó. En ese sentido, consideró que la eliminación del registro devolvía a los ciudadanos la libertad de decidir cómo y con quién gestionar sus trámites previsionales, sin la necesidad de contratar intermediarios registrados por ANSES. “Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el presidente Javier Milei quiere eliminar,” agregó Sturzenegger.

Desde el punto de vista normativo, la Resolución 982/2024 justificó la derogación del registro en la búsqueda de una “gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad”, conforme los principios establecidos en la Ley 27.742. Los considerandos del texto remarcaron que la obligación de recurrir a abogados o gestores para representar a los beneficiarios generaba “una limitación cuestionable” en la libre elección de los ciudadanos sobre quién los podía asistir en los trámites ante ANSES.

Entre los argumentos expuestos en la resolución, se mencionó que las normativas vigentes, como la Ley N° 17.040 y su Decreto Reglamentario N° 4.179/1967, ya establecían un marco suficiente para la representación ante el organismo previsional, sin la necesidad de crear un registro adicional. Según el texto, las disposiciones que establecían este tipo de registros “vulneraban la actividad directa y libre de los beneficiarios” y se inscribían en lo que el gobierno describió como “la burocracia y cúmulo de trámites innecesarios”.

Por otro lado, la resolución citó también que el marco normativo del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994) regulaba los actos entre privados en cuanto a mandatos y representaciones, por lo que las disposiciones del registro implicaban una duplicación innecesaria de normativas que ya estaban en vigencia. Bajo esta perspectiva, el registro habilitado en 2014 generaba trabas administrativas adicionales que contradecían el espíritu de simplificación y modernización que impulsa la actual administración.

“Le quitamos a la ciudadanía barreras que afectaban sus libertades individuales,” afirmó el texto oficial. Además, la resolución subrayó que la derogación buscaba evitar “nuevos costos, tiempo y esfuerzo” para los ciudadanos, permitiéndoles llevar adelante sus trámites con mayor libertad. En línea con las reformas más amplias que lleva adelante el gobierno, el objetivo fue establecer un nuevo paradigma en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública.

El proceso de desregulación en ANSES no comenzó con esta resolución. En 2023, el organismo ya había tomado medidas similares para simplificar otros trámites y eliminar lo que la gestión actual considera “exceso de regulaciones”. Según las autoridades, estas iniciativas están destinadas a mejorar la eficiencia del Estado y reducir su tamaño, de manera de contener el gasto público y hacer más ágiles los procesos que involucran a los ciudadanos.

En tanto, el ministro Sturzenegger agradeció a las autoridades de ANSES por apoyar la medida sin “miramientos”. A través de su mensaje en redes sociales, también mencionó que la decisión fue influenciada por comentarios recibidos de ciudadanos, como el caso de Cristian Manuel Goncalvez, quien le escribió para manifestar que el registro de abogados y gestores “coartaba su libertad para trabajar”. Este tipo de testimonios, señaló el ministro, refuerzan la necesidad de continuar eliminando restricciones y normativas que, en su opinión, van en contra de la libertad individual y la simplificación administrativa.

Fuente : infobae

Una interna inédita en la historia del peronismo

Con las listas de Cristina Kirchner y Ricardo Quintela confirmadas para la inédita experiencia del peronismo yendo a internas para dirimir no la candidatura presidencial, sino la presidencia del PJ, empezó a tomar volumen la duda sobre de dónde saldrán los fondos para financiar una competencia que no tiene antecedentes en la historia del partido que fundó Perón. Se trata de una incertidumbre que exige a los protagonistas un ejercicio de imaginación, sobre todo porque el país está gobernado con una máxima inoportuna: “no hay plata”.

Esta inquietud no es sólo del equipo político del riojano Quintela, que hace seis meses caminaba el país con la hipótesis de que habría una lista sola. También está en el grupo hermético que acompaña a la ex presidenta, que tampoco tiene claro cómo será este procedimiento que se debería ejecutar el 17 de noviembre próximo, justo cuando se celebra el Día de la Militancia, en recuerdo del regreso de Perón tras 17 años de exilio.

El ex senador Jorge “Negro” Yoma y el abogado Daniel Llermanos, apoderados de la lista “Federales, un grito de corazón”, pedirán en la sede histórica de Matheu 130 precisiones sobre qué formato prevé la Junta Electoral del PJ que tendrá la elección. Con un padrón de más de tres millones de electores, el Partido Justicialista tiene representación en todas las provincias y en casi la totalidad de municipios y pueblos del interior del país existe, al menos, una Unidad Básica.

“Somos compañeros y no va a haber problemas, pero queremos preguntar cómo se va a garantizar la participación y transparencia de las internas. También vamos a pedir un lugarcito en Matheu, que ellos lo tienen y nosotros no”, admitía anoche, con sobreactuada inocencia, una fuente de los retadores del liderazgo de Cristina Kirchner.

La duda tiene que ver con que una elección nacional demanda unas 100 mil urnas, con la movilización de cientos de miles de personas que trabajan en cada mesa como presidente y fiscales -quienes perciben un emolumento-, en la seguridad y asistencia de los lugares de votación y en el traslado de las urnas, más recursos humanos, materiales y tecnológicas para la logística, el recuento y transmisión de los sufragios, las boletas, la impresión de padrones, las propias urnas y una serie de menesteres que son indispensables.

¿Se votará en escuelas? ¿Se votará en las cabeceras de partidos o departamentos o en cada pueblo? ¿De dónde surgirán los presidentes de mesa? ¿Cómo se capacitarán? ¿Se contratará al Correo Argentino para el escrutinio? Son todas preguntas sobre las que ninguno de los involucrados tiene respuesta.

“Todo eso puedo salir varios miles de millones de pesos. Sabemos que el Gobierno no va a dar un peso extra, más allá de lo que transfirieron por el Fondo Permanente Partidario. Y los aportantes privados tienen límites para poner plata pero, sobre todo, menos incentivos que nunca, porque el PJ no luce como una alternativa de poder inminente”, explicó a Infobae un experto en elecciones que trabaja en uno de los sectores en disputa.

El PJ se reunió en un Congreso que preside Gildo Insfrán y que está acéfalo desde la renuncia de Alberto Fernández

Para tener dimensión de la distancia entre lo que puede costar una elección y la plata disponible que tiene el PJ vale recordar que en la distribución que hizo el 16 de julio pasado la Jefatura de Gabinete del Fondo Partidario Permanente, el Justicialismo nacional recibió por todo concepto 34 millones de pesos, mientras que la provincia de Buenos Aires recibió $ 63.051.342, la de Santa Fe $ 19.742.099, CABA $ 13.157.268, Tucumán $ 9.677.677, Chaco $ 7.845.911, Formosa $ 6.635.843, La Pampa, $ 3.449.480, La Rioja $ 3.213.765, Salta $ 3.845.642,22, Catamarca 2.891.072, Santa Cruz $ 778.590, y Tierra del Fuego $ 673.590. Por todo concepto y para el año.

“Nosotros estamos en modo off. Se presentaron las listas y ahora queda en ellos que muevan”, explicaron fuentes cercanas a la ex presidenta sobre los últimos acontecimientos. Hay una secreta expectativa de que Quintela efectivamente finalmente desactive su lista. “El Gitano no se baja. No hay chance. A lo sumo se podrá hablar de postergar hasta marzo la interna, pero después de todo lo que luchó no es lógico que pidan eso”, aclararon desde el campamento del gobernador riojano.

Quintela ya sintió el rigor que suele imponer el kirchnerismo cuando decide tomar una decisión política fundamental. La postulación por Twitter de Cristina Kirchner, un operativo clamor relámpago, la convocatoria a muchos de los que habían prometido estar en la lista rival y el corrimiento casi unánime del aparato que hasta hace dos semanas se mostraba entusiasta con una propuesta renovadora del PJ que proviniera del interior profundo y no del AMBA y su periferia, la fortaleza que supo construir CFK.

La singularidad de que Axel Kicillof resistiera y no expresara su apoyo público a su mentora, no oculta que la lista rival apenas pudo completar los nombres exigidos para competir en una interna. “Con Axel estamos más que agradecidos. Que haya dicho que la de Quintela no era su lista no es nada comparado con que resistió y no apoyó públicamente a la lista de Cristina. Si hacía eso, nos teníamos que ir cada a uno a su casa”, confesó anoche otra fuente partidaria.

Es la misma que admitió que varios de los que le habían prometido sus nombres como consejeros aparecieron en “Primero la Patria”, la lista de la ex presidenta. “No nos asusta. Vamos a competir aunque la Junta Electoral la manejen ellos”, concluyó.