Incluyen entrevistas presenciales y análisis médicos liderados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI. Una resolución establece un nuevo “baremo médico” con criterios estrictos para categorizar incapacidades. Javier Milei apunta a controlar mejor los recursos estatales y garantizar que lleguen a “casos reales de vulnerabilidad”
El Gobierno Nacional profundiza el exhaustivo proceso de auditoría que abarca a 1.250.000 casos de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral en todo el país. La medida busca corregir anomalías detectadas en el sistema y garantizar que los recursos públicos se destinen exclusivamente a las personas que cumplan con los requisitos establecidos. El 16 enero, a través de la resolución N° 187/2025 el Poder Ejecutivo estableció nuevos criterios para otorgar ese beneficio con la premisa de “garantizar un proceso equitativo para las personas en situación de incapacidad que requieran solicitar este tipo de pensiones”.
El anuncio fue realizado tras conocerse los resultados de un relevamiento preliminar que reveló cifras alarmantes: cerca del 80% de los beneficiarios actuales no cumplen con las condiciones necesarias para recibir esa pensión otorgada por el estado nacional. Según datos oficiales a los que accedió Infobae, las irregularidades detectadas incluyen la asignación de pensiones a personas que no presentan las discapacidades declaradas, lo que genera “un gasto significativo e injustificado”.
El 85% de esas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. El 15% en el de Mauricio Macri, según surge del relevamiento de La Libertad Avanza.
En un operatvio anterior llevado adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se detectó que 212 personas presas cobraban de manera irregular una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Este hallazgo se produjo tras un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal, revelando que estos beneficiarios se encontraban en situaciones judiciales incompatibles con el cobro de dicho beneficio.
La investigación de la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, forma parte de las auditorías que lleva adelante el organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para “transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan”, en palabras de quien fuera abogado de Javier Milei.
Los hallazgos se suma a una investigación precedente, realizada en colaboración con el Ministerio de Justicia, al frente de Mariano Cúneo Libarona, en el que se identificó a 331 prófugos de la justicia que también estaban recibiendo pensiones de manera indebida. De estos, 33 fueron puestos a disposición de los juzgados que habían solicitado su captura y 14 fueron detenidos en un solo operativo. Uno de ellos tenía ocho causas.
Entre los casos más destacados de irregularidades se encuentra el de un hombre de 40 años de La Matanza, quien recibió su pensión apenas tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica fue desfavorable. Otro caso similar involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien obtuvo su pensión en un tiempo récord de seis días, a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria.
Los primeros distritos en ser auditados fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.
Según pudo saber Infobae a través de funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.
De los pensionados auditados hasta ahora, el 57% “no cumple con los requisitos establecidos”. Es decir, de los 9.336 beneficiarios seleccionados al azar para ser auditados, solo 1.063, apenas el 17%, tuvieron un “resultado positivo”. Por ejemplo, el certificado médico a través del cual se había iniciado el trámite para obtener el beneficio, era compatible con su dolencia, entre otros aspectos.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, el 21% de los beneficiarios no pudieron ser localizados y de los que asistieron a la revisión apenas “el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa”. El 80% restante “no cumple con los requisitos como tener una discapacidad, o no tener un empleo” y de ese total “el 13% carecía de la documentación necesaria”. Hay casos que, para las autoridades de la ANDIS “son los más alarmantes” y, según Spagnuolo, forman parte del “negocio de la discapacidad”.
Nueva reglamentación y alcance del operativo
La Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), al frente del médico pediatra Esteban Leguízamo liderarán el operativo. Entre las acciones previstas se encuentran entrevistas presenciales y visitas domiciliarias a lo largo del país. Estas inspecciones tendrán como objetivo verificar la autenticidad de las condiciones que justifican la asignación de las pensiones. Este medio ya adelantó algunos de los hallazgos en ciudades como Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata y localidades del las provincias de Chaco y Salta.
El 17 de diciembre el gobierno de Javier Milei a través del vocero presidencial, Manuel Adorni denunció, por ejemplo, que en el Chaco más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las autoridades nacionales le anticiparon a este medio que actualmente se realizan nuevos operativos en varias localidades de la provincia gobernada por Leandro Zdero; aunque las que están bajo la lupa fueron otorgadas durante la gestión de Jorge Milton Capitanich.
Durante estos operativos, se notificó y citó a un total de 2689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87.17%) asistieron a la convocatoria. Los resultados de las auditorías han sido reveladores: de los auditados, únicamente 365 (equivalente al 13.58%) han resultado favorables; es decir, que han cumplido los requisitos para continuar recibiendo el beneficio.
Otros 1.796 (66.79%) resultaron desfavorables al no cumplir con las exigencias necesarias para mantener la pensión no contributiva por invalidez laboral, por lo cual “serán dados de baja”, según le adelantaron a este medio funcionarios de la cartera Salud que está a cargo de Mario Iván Lugones. Por su parte, otros 345 beneficiarios (un 12.83%) no se presentaron a la auditoría. Además, 183 casos (un 6.81%) se encuentran actualmente en “fiscalización médica”.
Los resultados de las auditorías, pero sobre todas las chaqueñas, resultan impactantes. El trabajo al que accedió este medio revela que, por ejemplo:
-Beneficiaria con Amputación Falsa: Una mujer se presentó para ser auditada y seguir cobrando el beneficio, el cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la mujer estaba en perfecto estado de salud y no había perdido ningún miembro.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación (CMO) registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, “lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones”, según la interpretación de los funcionarios de la ANDIS.
En este momento los especialistas están procesando los últimos registros obtenidos que serán dados a conocer en los próximos días desde la Casa Rosada. La decisión de estas auditorías las tomó Spagnuolo a mediados del año pasado después de recibir información sobre graves irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas y tomó sustento con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 187/2025, que introduce un “nuevo barómetro” para evaluar la incapacidad laboral. Este marco normativo establece “criterios claros y objetivos” para determinar quiénes son elegibles para recibir el beneficio. La implementación de estos nuevos “criterios objetivos”, según se lee en el texto “elimina la arbitrariedad que había permitido que, en gestiones anteriores, personas que no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral recibieran fondos estatales que no les correspondían”. Además, “optimiza el uso de los recursos públicos, asegurando que cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos”. La nueva normativa también dispone:
-Tener hasta 65 años de edad.
-Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país.
-Los extranjeros deben residir hace 10 años en Argentina o en caso de ser menor, sus padres tienen que haber vivido 3 años en territorio nacional.
-No cobrar jubilación ni pensión.
-Para menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas, es decir menos de 1.2 millones de pesos.A partir de la nueva reglamentación, se han endurecido los requisitos para acceder a una PNC por invalidez laboral. Entre las condiciones más relevantes se destacan:
-Certificado Médico Oficial (CMO): Documento expedido por un profesional de un establecimiento oficial o de la ANDIS, que detalle la patología y el grado de incapacidad.
-Grado de incapacidad: Deberá ser igual o superior al 66%.
-Edad: Los beneficiarios no podrán superar los 65 años.
-Residencia: Ser argentino nativo o naturalizado, o bien haber residido al menos 10 años en el país (en el caso de menores, sus padres deben haber vivido tres años en Argentina).
-Otros ingresos: No podrán percibir jubilaciones ni pensiones adicionales. En el caso de menores, los ingresos del grupo familiar no deben exceder cuatro jubilaciones mínimas (1,2 millones de pesos).
El nuevo baremo incluye además una clasificación de las afecciones según su impacto en la capacidad laboral. Las categorías van desde “dictamen siempre favorable” hasta “sin incapacidad”, permitiendo un análisis detallado y una asignación más justa de los recursos.
El gobierno de La Libertad Avanza sospecha que en las últimas dos décadas los gobiernos, en especial el kirchnerismo, utilizó el otorgamiento de este tipo de beneficios para realizar política. “Las estadísticas no mienten -sostiene el titular de la ANDIS- entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, dice Spagnuolo y refuerza: “Bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, llegando a unas 1.250.000 pensiones entre 2019 y 2023″.
