En total, son 11 iniciativas. Desde Capital Humano, consideraron “indispensable la readecuación y unificación de la normativa que implique la duplicidad de programas”
El Gobierno nacional dejó sin efecto una serie de programas sociales y culturales, gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de “lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos”.
Las iniciativas fueron dadas de baja mediante la publicación de once resoluciones del Ministerio de Capital Humano, publicadas esta madrugada en el Boletín Oficial.
Uno de los programas que llegaron a su fin es Participar en Comunidad, que tenía como objetivo “promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales, mediante el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios y los actores que los conforman, como así también la realización de acciones tendientes al Fortalecimiento para el Desarrollo Humano”. Así lo dispone la resolución 143/2025.
Por otro lado, dieron de baja el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, a través de la resolución 144/2025. Esta iniciativa tenía como fin “el fortalecimiento del niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos, a fin de garantizar su desarrollo pleno, integración familiar y comunitaria, priorizando su ‘centro de vida’”. En este marco, se creó el Centro de Promoción de Derechos (CPD).
El Gobierno nacional derogó (resolución 146/2025) también los programas Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti. Todos ellos se habían creado como un lugar para promocionar “la convivencia familiar; fortalecer el sistema de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes, instando el principio de corresponsabilidad que le compete a las organizaciones públicas y privadas”.
FUENTE: INFOBAE