La pandemia obligó al Presidente a replantear sus objetivos y prioridades, pero lo acercó a Juntos por el Cambio.
lberto Fernández asumió la presidencia con un objetivo: encender la economía. «El país tiene que parar la pelota», había repetido durante la campaña electoral. Con ese propósito, tras la llegada a la Casa Rosada el 10 de diciembre, envió una batería de medidas al Congreso. No sólo fueron ideas nuevas, sino que también retrotrajo algunas heredadas por el macrismo. Sin embargo, la pandemia de coronavirus obligó al jefe de Estado a replantear su gestión, sus prioridades y objetivos a corto plazo. La renegociación de la deuda condicionó al Gobierno del Frente de Todos desde el primer día. En busca de lograr consensos, reactivó el Congreso para conseguir apoyo político en las decisiones económicas y sociales. Encontró resistencia y repudio en la suspensión de la régimen previsional, en las reformas para las jubilaciones de privilegio, el aumento a las retenciones y la reforma judicial, que aún no pudo presentar. Lo que no consiguió la política, lo logró el conoravirus: el apoyo unificado de la oposición, conferencias y reuniones conjuntas y hasta la repetición de sus consejos en boca de intendentes de Juntos por el Cambio de localidades turísticas. ¿Es el fin de la grieta?
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública fue el megaproyecto que, entre otras cosas, mantuvo el cepo e impuso el impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento, a los viajes y compras en el exterior. También suspendió el esquema de aumento tarifario de los servicios públicos y fijó derechos de exportación. El proyecto se trató a contrarreloj en medio de la fiestas de fin de año con fuertes críticas de la oposición, en particular por la suspensión de la movilidad jubilatoria a cambio de un bono de 5 mil pesos —en dos pagos— para los beneficiarios. «Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron se las tendrían que devolver duplicadas», lanzó Patricia Bullrich al recordar la protesta en el Congreso a fines de 2017 durante el debate por la reforma previsional, cuando Mauricio Macri transitaba su segundo año de gobierno.
Con los «superpoderes» que le otorgó la ley, según denunciaba Cambiemos, el Presidente también decretó un aumento a trabajadores privados y públicos de 4 mil pesos, en dos cuotas y a cuenta de paritarias. Se congelaron los créditos UVA por 30 días, un sistema que llegó a su colapso en los últimos meses de Macri, y se intervino por 180 días la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con Cristina Caamaño al frente de la operación. Un mes después llegó la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa para declarar como «interés de la República Argentina» las negociaciones que encabeza el ministro Martín Guzmán con el FMI. El proyecto buscaba mostrar a los mercados internacionales el apoyo de todo el arco político, objetivo que se cumplió con la aprobación de ambas Cámaras sin sobresaltos.
La Tarjeta Alimentaria y la entrega de medicamentos gratis para los jubilados llegaron casi de la mano con la reforma de las jubilaciones de privilegio —que desató una ola de renuncias en el Poder Judicial— y el aumento a las retenciones del campo. Cuando las peleas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio comenzaban a tomar impulso, Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de ley para despenalizar el aborto. La discusión, que divide a la mayoría de los partidos políticos, debía iniciarse en un plazo autoimpuesto de «diez días», pero también quedó en stand-by por el coronavirus. El exjefe de Gabinete tuvo que cambiar el debate de la reforma judicial y la lucha feminista por una emergencia sanitaria. Licencias por 14 días, cuarentenas, aislamiento social, cierre de fronteras, suspensión de clases y restricciones en el transporte público y eventos sociales. Una lista de medidas extremas que no tienen fecha de caducidad pero tienen apoyo de la oposición.
Fuente: Perfil