Respaldó al juez federal Ariel Lijo y pidió que se determine si la quita fijada por el Estado fue abusiva. La misma Cámara dictó un fallo polémico en el soterramiento del Sarmiento.
La Justicia se adapta a los tiempos electorales y comienza a dar fallos en sintonía con los nuevos vientos políticos que soplan en el país. La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó este miércoles dos fallos polémicos, referidos al Correo Argentino y al soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Por un lado, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia respaldaron la actuación del juez federal Ariel Lijo en el caso del Correo, donde está imputado el presidente Mauricio Macri, y le pidieron que determine si hubo una «quita abusiva» de la deuda, tal como estableció la fiscal Gabriela Boquín. Y por el otro, dejaron sin efecto un fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por el que había procesado al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y le había dictado la falta de mérito al primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra, por irregularidades en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
En la causa del Correo, los jueces de la Cámara Federal porteña respaldaron la investigación del juez Lijo, donde además de Macri también están imputados el ex ministro de Comunicaciones -actual de Defensa-, Oscar Aguad, y el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa. El ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó a los tres funcionarios, ya que «se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa Correo Argentino», señaló el fiscal, que perteneció a la familia del jefe de Estado, a tráves de la empresa Socma (Sociedad Macri)
El juez Lijo había rechazado planteos de nulidad presentados por la defensa del Correo Argentino, que apelaron ante la Cámara Federal para que se cierre la causa penal. Y ahora también fueron rechazados por los jueces Irurzun y Bruglia. «Se puede concluir que a esta altura del proceso existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley», planteó el fallo de los camaristas.
El Gobierno llegó a un acuerdo a mediados de 2016 para que el Grupo Macri pague $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de ese año la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla «ruinosa, abusiva» y cuya «irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional».
En esa ocasión, Boquín calculó en más de $4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la «condonación de la deuda» que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
Ese acuerdo cayó en febrero de 2017, en medio de fuertes polémicas por la aceptación del Gobierno de un convenio que perjudicaba al Estado, según planteó la fiscal Boquín. Y se inició una causa contra Macri, Aguad, y Mocoroa.
Fuente: Clarin.com