Con el objetivo de generar mayor accesibilidad a la Justicia, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, ayer se sentaron bases para proponer modificaciones a la ley de la justicia de paz letrada en función de la demanda actual que existe por parte de sectores de menores recursos.
En la Provincia, «más de 90% de la defensa técnica en materia penal la llevan adelante los defensores oficiales, más del 70% en cuestión de familia y más del 50% en lo civil y comercial», se detalló durante una reunión que se realizó ayer para analizar la situación.
La iniciativa del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial fue presentada en una reunión con autoridades del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, marco en el que se transmitió que el objetivo apunta a generar mayor accesibilidad a la Justicia, especialmente de los sectores más vulnerables.
El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, se reunió con la presidenta y vicepresidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Virginia Haydée Solórzano y Gabriela Buabse, con la finalidad de avanzar en la conformación de una mesa de trabajo.
Esta mesa estará integrada por la Corte de Justicia, la Procuración General y el Colegio de Abogados para elevar propuestas que permitan modificar la legislación provincial y eficientizar el servicio de justicia, se informó oficialmente.
Durante el encuentro se abordaron distintas iniciativas y el ministro Domínguez transmitió las inquietudes respecto a las modificaciones a la ley de la justicia de paz letrada, teniendo en cuenta la demanda que existe de sectores de menores recursos para acceder al sistema oficial del Estado.
Virginia Haydée Solórzano adelantó que conformarán una agenda común de trabajo para avanzar en la reforma judicial que permita generar una justicia más cercana y expeditiva que beneficie a la comunidad.
También participaron del encuentro el coordinador de la cartera de Seguridad y Justicia, Fernando Acedo, el secretario de Justicia, Luis García Salado, y el secretario general del Colegio de Magistrados, Eduardo Barrionuevo.
Fuente: El Tribuno