Ante un plenario de Senadores, ministros del gabinete provincial expusieron los alcances del recorte de fondos nacionales que viene sufriendo la provincia. Se analizaron los planes de contingencia adoptados para dar respuestas a la ciudadanía; las iniciativas legislativas para avanzar en la declaración de la emergencia del transporte y los servicios públicos y la decisión de acompañar los planteos judiciales que eviten el cercenamiento de derechos adquiridos.
Reunidos en plenario, senadores recibieron este miércoles a ministros del Poder Ejecutivo a los efectos de analizar la situación económica provincial a partir de los recortes de fondos que viene sufriendo Salta por parte del gobierno nacional.
El encuentro con los ministros de Infraestructura y coordinador, Sergio Camacho y de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, fue encabezado por el presidente del Interbloque, Jorge Soto y tuvo la participación de los senadores, Walter Cruz; Enrique Cornejo; Manuel Pailler; Carlos López, Alejandra Navarro; Walter Wayar; Miguel Calabró; Dani Nolasco; Leopoldo Salva, Walter Abán; Gonzalo Caro Dávalos; Juan Cruz Curá; Esteban D’Andrea; Diego Cari; Sonia Magno y Sergio Saldaño.
En su exposición, Camacho puntualizó que Salta es la segunda provincia más perjudicada por los recortes y aclaró que más que hablar de números hay que pensar en la gente, razón por la cual se trabajó en un plan de contingencia para garantizar alimentación y medicamentos, poniendo como ejemplo la decisión del gobernador Sáenz de crear por decreto un fondo solidario para aquellos jubilados que cobran el mínimo y hoy no pueden acceder a todo lo necesario para su subsistencia.
Dib Ashur puntualizó que, a diferencia de Nación, Salta viene de 4 años de equilibrio fiscal, habiendo cerrado el año 2023 con salarios por arriba de la inflación del 211%.
Sin embargo, sostuvo que este año existe incertidumbre por el recorte de fondos que ya significó 17.900 millones de pesos menos, de los cuales 5.100 millones corresponden al impuesto a las ganancias; la baja en la actividad económica con consiguiente caída del consumo en un 28% que impacta en la recaudación de impuesto coparticipables como IVA, ganancias y bienes personales; la falta de actualización de valores del Consenso Fiscal 2017 y el recorte de las denominadas Transferencias no automáticas, que no son fondos discrecionales como sostiene Nación y que engloban fondos como el Incentivo Docente, fondos para comedores escolares, programas de obras, subsidio al transporte y otros fondos que suman 7.900 millones de pesos.
Pese a todo dijo que se llevan pagados 160 millones de dólares de la deuda provincial, que este año tendrá vencimientos en los meses de mayo y diciembre.
En materia de infraestructura, el ministro Camacho dijo que en 4 años se ejecutaron 2.100 obras en toda la provincia fruto de pasar del 3,5% al 20% de los fondos del presupuesto. Sin embargo dijo que hoy existe incertidumbre respecto a la prosecución de obras nacionales de vivienda, centros de desarrollo infantil y rutas como el puente sobre el río Vaqueros o la circunvalación.
Aclaró que existen obras con financiamiento internacional que siguen su curso, como el centro de convenciones de Cafayate y las plantas depuradoras de Capital y Cafayate; además de otras que eran financiadas por Nación y deberán ser concluidas por la provincia como las 917 viviendas en el interior y 1.100 que se construyen en la Capital, muchas de las cuales tienen un avance del 90% o los 17 CDI.
También dijo que se buscarán inversores para ejecutar bajo el modelo chileno el nodo logístico de Güemes, para el que faltan 2 mil millones de pesos, iniciativa privada para terminar los 3 tramos que restan de la ruta nacional 51 y se buscará re-determinar los tiempos de obra de la ciudad judicial Orán, cuyo avance es del 22%.
Camacho ratificó además que este jueves habrá paritarias con los gremios provinciales, por lo que se postergó una semana el inicio de clases y se acompañará en el reclamo judicial de los sindicatos docentes por el recorte del Incentivo.
A su turno los legisladores consultaron sobre la manera en que se avanzará con las obras en distintas regiones de la provincia y comprometieron aportar a los proyectos de emergencia en el transporte y en los servicios públicos, que presentará el ejecutivo en el periodo ordinario de sesiones.
Asimismo pidieron que se garantice el acceso de la población más vulnerable a alimentos y medicamentos y plantearon la necesidad de analizar alternativas para la generación de recursos.